La Pandemia del Covid-19 no solo ha provocado en el Perú decenas de miles de muertos, sino también, una recesión económica graficada en la caída del PBI en 13%; un déficit fiscal del 10%; más de tres millones de desempleados; y una tasa de informalidad cercana al 80%. Grave crisis económica de la cual no será fácil salir a pesar de las proyecciones optimistas del próximo año. Los efectos de la Pandemia entonces serán peores que la enfermedad misma, salvo que el Estado reaccione a través de sus Poderes y tres niveles de gobierno para proteger la vida, la economía y el trabajo de los peruanos. El Estado no podrá hacerlo solo, porque la inversión pública representa apenas un quinto de la inversión privada, y, por su naturaleza no genera riqueza a la Nación, en todo caso la promueve, cuando construye proba y eficientemente infraestructura.
¿Qué necesitamos? Un decidido impulso a la inversión y al empleo en actividades productivas y de servicios, pero esencialmente en el sector minero - energético. Este ejemplo ha sido expuesto por la Sra. Diana Nelson, Embajadora de la República de Australia en el Perú, en un artículo publicado en un diario local. En él enumera las razones por las cuales el sector minero-energético desempeñará un papel fundamental para la recuperación del bienestar de su país y puede serlo para el Perú. Comparativamente nos dice, en Australia y Perú este sector representa alrededor del 10% del PBI, que aumenta al 15% si se incluye el denominado sector METS: servicios, tecnología y equipamiento. La exportación de estos recursos a su vez es alrededor de dos tercios de las exportaciones en ambos países.
En los últimos 13 años, el sector minero - energético ha contribuido con ingentes ingresos del gobierno australiano. En el Perú, la minería generó al Estado en los últimos 10 años alrededor de 80 mil millones de soles y los hidrocarburos 96,750 millones de soles en los últimos 18 años.
Directa e indirectamente, la industria minera emplea el 10% de la fuerza laboral australiana, en el Perú el 15%. Pero durante la pandemia, en Australia los puestos de trabajo del sector aumentaron un 5%, en cambio en el Perú, el Gobierno ordenó el cese de operaciones poniendo en riesgo su futuro a pesar de que la mayoría de las minas se encuentran aisladas, sobre los 3 mil 500 metros de altura en la sierra. Ha autorizado recién la reanudación de operaciones, pero bajo muy estrictos y onerosos protocolos.
La Embajadora destacó algunas lecciones:
Primero, Australia reconoció la importancia de la contribución económica del sector. En el Perú todavía hay grupos que se resisten a reconocer el progreso que trae la minería, especialmente en las zonas más remotas del país. Allá el proceso de aprobación de la mina Valeria tomó días, no meses, por su importancia en la creación de empleo. En nuestra patria, los procesos de aprobación de exploración y explotación de proyectos de pequeña, mediana y gran minería se retrasan innecesariamente, a veces no tienen fecha de conclusión, ni en el Ministerio de Energía Minas ni en los Gobiernos Regionales. Esa demora detiene irresponsablemente el desarrollo del Perú y el bienestar de sus habitantes.
Segundo, se creó un organismo nacional integrado por los estados, el gobierno central y la industria, que facilitó un rápido acuerdo sobre diversos protocolos nacionales permitiendo que la minería continuara sin comprometer la salud, ni la seguridad de los trabajadores y las comunidades. En el Perú, el Estado ha dado una respuesta contradictoria, con protocolos sectoriales y rechazó la ayuda del sector privado.
En tercer lugar, se priorizó la protección de las comunidades indígenas, apoyando sus necesidades, especialmente en áreas remotas. En el Perú, las comunidades están abandonadas a su suerte, tienen que enfrentar solitaria y aisladamente la pandemia.
Cuarto, se priorizaron soluciones colaborativas entre industria y gobierno. La Agencia de Protección del Consumidor de Australia autorizó a 280 empresas mineras para adquirir equipos de seguridad y protección de manera conjunta, necesarios para continuar las operaciones de manera segura. Igual se podría hacer en el Perú, por excepción, con autorización del gobierno y el INDECOPI.
En quinto lugar, la industria reaccionó de forma proactiva. El gremio privado del sector minero-energético propuso reformas fiscales y otras como la aceleración de los procesos de evaluación ambiental y la aprobación de nuevos proyectos, con una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo, que el Estado aceptó. Entonces las empresas contrataron más trabajadores y aumentaron sus programas de capacitación. ¿qué han hecho las autoridades nacionales al respecto? Evitar todo contacto con los empresarios peruanos.
En sexto lugar, se simplificaron procesos. En Australia, la mayoría de las solicitudes se presentan en línea y los plazos para las aprobaciones ambientales para la exploración se han reducido a 15 días. Para alcanzar los niveles de inversión que se anticipaban antes del COVID-19. ¿Podremos en el Perú, alcanzar esa eficiencia?
Séptimo, los gobiernos en Australia están creando incentivos para las futuras inversiones, financiando la exploración y reduciendo tarifas, para tener una cartera de proyectos para la recuperación económica del país. En el Perú, se sigue sobre regulando al sector, con un nuevo Reglamento de Procedimientos Mineros que, en el caso de la pequeña minería, solo promoverá la ilegalidad.
Finalmente, el sector de industria y tecnología australiano está proporcionando soluciones para que las empresas mineras adopten nuevas formas de operar en un entorno pospandémico. Aquí en nuestro país costará adaptarse a los nuevos retos tecnológicos, si no hay una política de incentivos al cambio.
Como vemos, superar la crisis económica requerirá de un gran esfuerzo. El Perú puede poner a trabajar todas sus minas, pequeñas, medianas y grandes, y sus pozos, por la recuperación de los precios del cobre y del gas, y el auge de los precios del oro y la plata, pero requiere de un Estado promotor, y, la conciencia nacional sobre la oportunidad del desarrollo que brinda el sector.